Raúl Torres Barrón*

El Partido Acción Nacional realizará hoy la primera vuelta de su elección para designar a su candidato a la Presidencia de la República y lo peor que le podría pasar es empañar su imagen de “democrático” y que, contra todas las encuestas, percepciones y opiniones de la población, eligiera a un candidato cuestionado por incurrir en prácticas de coacción al voto, como ha sido denunciado el ex titular de Hacienda, Ernesto Cordero.

Desde hace unos días se intenta sensibilizar a la opinión pública con el argumento de que hoy “habrá sorpresas” en la elección, y esa sorpresa no puede ser otra que quien aparece en tercer lugar en todas la encuestas, derrotaría a la puntera de las preferencias, la ex diputada Josefina Vázquez Mota.

Toda la maquinaria del Estado parece trabajar en esa dirección. Solo faltó que la PGR le armara un expediente para sacarla de la jugada, como ya lo ha hecho para golpear a otros aspirantes de la oposición, como ocurrió en Jalisco, en Tijuana –con el fiasco del caso Hank Rohn— en Guerrero y ahora en Tamaulipas.  Leer más

Raúl Torres Barrón*

Fiel a la costumbre perredista de protestar cuando van perdiendo, Alejandra Barrales se reservó  ayer su derecho a reconocer el triunfo de Miguel Angel Mancera en las encuestas para elegir al candidato de las izquierdas a la jefatura de gobierno del Distrito Federal.

El ex procurador capitalino resultó triunfador en el proceso interno y recibió el apoyo de los otros tres precandidatos, Gerardo Fernández Noroña, Martí Batres y Joel Ortega, así como de los dirigentes del PRD, PT,  Movimiento Ciudadano y Morena, que integran el DIA (Diálogo para la Reconstrucción de México) que encabeza Manuel Camacho Solís y que ayer presidió la reunión de las fuerzas de izquierda.

Mancera tuvo un promedio de 33 puntos, contra 22 de Barrales y un promedio de 7 a 9 puntos de cada uno de los precandidatos restantes, si se suman los resultados de las tres empresas encuestadoras, Covarrubias y Asociados, Buendía y Laredo, y Nodo.

El dato más importante, sin embargo, es que la competencia por el gobierno capitalino prácticamente quedará dividida entre tres: Mancera, Beatriz Paredes e Isabel Miranda de Wallace, con cierta ventaja del primero. Y es que la señora Wallace modificó el escenario político capitalino, ya que del tercer lugar que ocuparía el PAN, con solo 13 puntos,  pasa a 23 con la incorporación de la famosa activista. Hasta ahora, su candidatura parece no afectar al PRD,  solo le quita votos y puntos al PRI, cuya candidata, Beatriz Paredes, encabezaba hace dos meses las preferencias electorales en el Distrito Federal.

En cuanto a la contienda perredista, la candidata Barrales hizo que el partido del sol azteca volviera a caer, aun cuando sea por unos días,  en la tónica de los conflictos e inconformidades que caracteriza a ese partido, al negarse a asistir a la reunión del DIA donde se dieron a conocer las encuestas y reservarse su opinión sobre los resultados de las mismas. Lo más probable es que pronto sea convencida de apoyar la candidatura de Mancera, en aras de la unidad y para no ser un factor de división que ponga en riesgo el triunfo de su partido en la capital.

Barrales se quejó de irregularidades en el proceso y de no recibir atención ni respuestas a las mismas. Sin duda, la perredista tomó las torpes declaraciones del ex  secretario de Turismo, Alejandro Rojas, en el sentido de que las encuestas favorecían a Mancera,  como pretexto para protestar.  Otra de las quejas de su equipo fueron las llamadas telefónicas al público en favor de Miguel Ángel Mancera, durante los tres días que duró el levantamiento. Rojas fue destituido por Ebrard y en los días de las encuestas también hubo llamadas en favor de Barrales, pero ésta  insiste en que las irregularidades solo fueron del equipo de Mancera.

La ruptura, sin embargo, no conviene a nadie.  Tal vez por ello mismo, el senador Carlos Navarrete, que declinó por la asambleísta, ayer mismo acudió a la presentación de las encuestas y ofreció aportar su esfuerzo para preservar la unidad perredista.

Al PRD no le conviene revivir la imagen de partido conflictivo  y tampoco ayudaría nada a la campaña del “Peje” una división en sus filas en la capital, sobre todo cuando recorre el país con un mensaje de” amor y reconciliación”. El DF es el último bastión que le queda al partido del sol azteca, y donde están las  principales reservas para apoyar las campañas de sus candidatos al Congreso y la Asamblea. Son razones suficientes para garantizar la unidad y hacer a un lado las diferencias transitorias. Y eso lo veremos en los próximos días.

Lo mismo ocurrirá con el posicionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que determinó que las encuestas no son vinculantes ni determinantes para elegir candidato al GDF. Los próximos días 11 y 12 de febrero veremos a los consejeros de ese partido, y de los demás aliados del DIA,  elegir por mayoría, sino es que no por unanimidad, a Miguel Angel Mancera como su abanderado la contienda por la capital del país.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

La instalación de 77 parquímetros en 33 vialidades de Polanco puso en evidencia la necesidad de que la autoridad recupere no solo la seguridad en las calles de la ciudad, sino el simple control de las mismas, sobre todo en materia vial, que en no pocas colonias está en manos de “franeleros”, ambulantes y valet parking, o de vecinos y establecimientos comerciales.

Desde hace tiempo, el desorden y caos vial de Polanco, agudizado por el excesivo número de permisos para la apertura de restaurantes y antros que no cuentan con estacionamiento propio, demandaba una solución radical, integra. Parecían impedirlo los intereses particulares de los sectores en pugna, en particular  los  acomodadores de coches y ambulantes –muchos de ellos afiliados a corrientes perredistas– así como restauranteros y comerciantes, que querían imponer su criterio e  impedían crear un consenso mayoritario.

Se olvida que la calle es de todos, no territorio propiedad de algunos, pero la autoridad parecía omisa. Finalmente se decidió la instalación de los parquímetros, que comenzaron su operación a partir de esta semana. Los automovilistas deberán pagar una cuota de dos pesos por cada 15 minutos. Vino de inmediato la oposición de “franeleros”, de valet parking –que operan sin ninguna reglamentación–  e inclusive de estudiantes que acuden a una Universidad que funciona frente al Parque Polanco y que no cuenta con ningún cajón de estacionamiento. La autoridad decidió entonces dar un periodo de gracia de una semana para atender a los inconformes y permitir que los usuarios se acostumbren a la nueva disposición.

La verdad es  que pagar  ocho pesos por una hora en un parquímetro sale en mucho menos de la mitad que pagar estacionamiento con un valet parking. La medida, sin embargo, afectó a muchas otras personas que perdieron su única fuente de ingresos desde hace años, como son los acomodadores.  El problema ahí es que el gobierno capitalino no tiene opciones de empleo para ellos, lo que implica el riesgo de que se ocupen en las únicas dos actividades en las que se refugian desde hace tiempo los damnificados por el fracaso de la política laboral del Gobierno, es decir, quienes no tienen trabajo ni estudian: el comercio informal o la delincuencia.

Respecto a lograr el orden en las calles, a los parquímetros deberán seguir otras acciones, como el ordenamiento de rutas de transporte público, la revisión de sitios de taxis y la construcción de estacionamientos subterráneos, pero sobre todo, poner un alto a la proliferación de permisos a establecimientos que no cuenten con cajones propios de estacionamientos.

El desorden de las calles no es privativo de Polanco; afecta también a otras zonas de la capital, como la Condesa, la Roma, Santa Fé, Coyoacán, etc., que han registrado un gran crecimiento inmobiliario y demandan igualmente  medidas de reordenamiento urbano para la recuperación de las calles.

Los franeleros han salido a la calle a protestar y quienes trabajan en la zona se organizan para crear nuevos mecanismos de movilidad como compartir sus coches para llegar a Polanco. Mientras tanto, las autoridades delegacionales deberán acelerar la aplicación de su Plan de Movilidad Integral para dar solución a este tema, en quizá la zona más conflictiva en materia vial de la capital.

Urge aplicar una reingeniería de rutas, desarrollar un transporte local y mejorar el servicio de taxis, entre otras medidas.

De alguna forma, el éxito de las medidas de reordenación de Polanco podrían ser la base para  recuperar el control en las calles en otros rumbos de la ciudad, lo que sin duda será reconocido por automovilistas, peatones y vecinos, los más afectados por el caos vial imperante desde hace lustros.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

La Cámara de Diputados transgredió la Constitución hace 14 meses al no nombrar a tiempo a los tres consejeros del IFE, y ahora la violó de nuevo al designarlos, sin realizar la consulta pública  previa, como lo establece claramente la Carta Magna.

Por si fuera poco, los regulados pusieron al regulador. En un mecanismo de fast-track, los diputados eliminaron a los 14 finalistas que habían sido seleccionados con el sistema anterior, y se pusieron de acuerdo en tres personajes que no tuvieron que ir a la pasarela ni cubrir los requisitos legales establecidos para su selección.

Las tres principales fuerzas políticas del Congreso finalmente lograron llegar a un consenso para  nombrar a los  tres consejeros. La ventaja es que, no obstante no haberse ajustado plenamente al mandato constitucional,  seleccionaron a personajes que cuentan con una trayectoria académica y profesional en la que han predominado factores como  imparcialidad, honestidad y transparencia.

Sergio García Ramírez, sin duda propuesto por el PRI, ha sido procurador General de la República y juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;  María Marván Laborde, ha tenido una destacada participación como comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, y aun cuando fue propuesta por el PAN, nunca ha militado en ese partido.  A su vez,  Lorenzo Córdova Vianello (hijo del perredista Arnaldo Córdova) es miembro destacado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Es evidente que el PRI cedió en su pretensión de imponer a dos de los tres consejeros restantes, con lo que se rompió el “impasse” que impedía desde hace más de un año completar el Consejo del IFE. A  las tres fuerzas políticas más importantes les urgía, sin embargo, designar a los consejeros, ya que estaban emplazados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacerlo en este periodo de sesiones, o convocar a uno extraordinario.

Desde hace tiempo, el  Consejo del IFE  ha quedado a deber mucho a los mexicanos, y se espera que ahora, ya totalmente integrado, cumpla con su responsabilidad de dar certeza y legalidad al proceso electoral que se avecina y que, todo indica, será el más disputado y controvertido de la historia reciente, por los indicios de una posible intervención o participación del Gobierno para inclinar la balanza en beneficio de su partido y sus candidatos.

El nombramiento de los nuevos consejeros tiene, además, que salvar el obstáculo que presentaría el hecho de que  alguno o varios de los candidatos seleccionados  con el anterior sistema, decida ampararse contra el acto deliberado de la Cámara de descartarlos, en violación a su derecho fundamental de poder ejercer un cargo público.

En este caso, confían los legisladores, cualquier juez podría desechar el amparo por considerar que el asunto es de materia electoral. Pero no se descarta que ello pueda ocurrir.

Mientras tanto, los mexicanos ya cuentan con un árbitro electoral completo. Esperemos que esté a la altura de las necesidades del país, y del complicado proceso electoral del año próximo.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

En política la percepción es más importante que la realidad. Y ello es aplicable en materia de seguridad pública, al contrastar los triunfalistas mensajes del gobierno sobre captura de delincuentes y decomiso de drogas, y el clima de inseguridad creciente que perciben los ciudadanos y que consta en el más reciente Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según este informe, por cuarto mes consecutivo, en noviembre pasado se registró una baja en el índice de percepción en materia de seguridad. El 60% de los encuestados consideró que el país está “peor” en seguridad que en el 2010, mientras que el 51% no ve esperanzas de mejoría y considera que su seguridad será “igual” en el 2012.

En contraste, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, al concluir su periodo como  presidente de la CONAGO, informó que de julio a octubre de 2011, el índice delictivo descendió por primera vez en los últimos años, en un porcentaje del 2.6%, lo que atribuyó al esfuerzo de la Comisión de Seguridad  Nacional y de todas las entidades federativas del país.

Evidentemente hay una contradicción entre ambas cifras, explicable porque el informe de Ebrard está apoyado con datos y estadísticas de los gobiernos federal y estatales, mientras que el  INEGI refleja la  percepción que tienen los ciudadanos en las 32 entidades del país y que es lo que finalmente cuenta en materia de imagen y a la hora de estar frente a las urnas. 

Ebrard dijo en la CONAGO  que “si mantenemos el paso y el esfuerzo vamos claramente en la dirección correcta que es reducir la incidencia delictiva”. En la encuesta del  IPSP, sin embargo, no se percibe aun esa pequeña mejoría; por el contrario, los mexicanos se sienten más inseguros y no confían en que esa situación mejore, por lo menos en el próximo año.

Así consta en las respuestas a la pregunta de “¿Cómo considera usted que será su seguridad dentro de 12 meses, respecto a la actual?”  Un 50.92 %  de los encuestados contestó que igual, 27.26% que peor y 5.10% que mucho peor. Por otro lado, solo un 16.35% cree que será mejor.

La información del mismo Instituto señala que la caída en noviembre por cuarto mes  de manera consecutiva, se inició en agosto pasado cuando cayó a 98.8 puntos desde los 100.5 registrados un mes antes. Las cifras de septiembre  (97.7), octubre (97) y noviembre (96) muestran la continuidad de esa pendiente.

El grado de confianza del entrevistado al caminar solo por el rumbo donde vive, entre las 4 y las 7 de la tarde, tampoco mejoró en los últimos doce meses, lo que indica que los esfuerzos de las autoridades por darle mayor seguridad a la población, no obstante el elevado gasto en esa materia, está lejos de ser percibido por los ciudadanos.

Este desplome de la confianza ciudadana en las políticas de seguridad del Estado no parece preocupar en lo más mínimo a las autoridades que insisten en afirmar que van por el camino correcto y que mantendrán la misma estrategia. Así será, a menos que el electorado envíe un mensaje distinto en las elecciones de julio próximo.  

*Analista

Raúl Torres Barrón*

El presidente Calderón concluyó ayer su quinto y penúltimo año de gobierno en medio de fuertes críticas a su actuación y con una merma considerable del apoyo de la opinión pública nacional: sólo un 61 por ciento de ciudadanos piensa que el país va por el rumbo correcto, según diversas encuestas dadas a conocer ayer mismo.

El Ejecutivo se enfrenta, asimismo, con el histórico inicio del debilitamiento del ejercicio de su poder, al irrumpir los nuevos actores de la escena política, es decir, los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República, que durante los próximos meses centrarán la atención de los medios de comunicación, al representar la esperanza de cambios en la economía, la seguridad y el futuro del país.

El síndrome del sexto año de gobierno, con su cauda de nerviosismo y desesperación, parece apoderarse rápidamente del ánimo gubernamental. No se explica de otra manera la desproporcionada respuesta contra los más de 23 mil mexicanos que se atrevieron a demandar al Ejecutivo ante la Corte Penal Internacional por delitos de “lesa humanidad”.

En vez de esperar que el máximo tribunal emitiera su dictamen, que seguramente será negativo ya que es un despropósito la acusación de “crímenes de guerra”, la Presidencia de la República se precipitó a emitir un comunicado en el que por supuesto calificó como “falsas”, y “calumniosas” las acusaciones, pero lanzó una velada amenaza contra los firmantes al afirmar que “explora todas las alternativas para proceder legalmente”.

Esta denuncia seguramente no habría tenido mayores repercusiones, ni aquí ni en La Haya, ya que no se puede afirmar que en México exista una política intencional de exterminio. Tampoco, con todos los errores de su combate contra el narcotráfico, se puede afirmar que Calderón es un genocida o compararlo con los sanguinarios dictadores y tiranos como el recien derrocado y asesinado Kaddafi, o Slobodan Milosevic, que emprendió una limpieza étnica en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, la respuesta de Los Pinos fue tan poco afortunada que les dio armas a los demandantes para acusar al gobierno de autoritario y de pretender meterlos a la cárcel.

El lunes vimos otro acto de imprudencia política, con la presencia de los dos principales colaboradores del Presidente, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y su particular, Roberto Gil, en una reunión-comida con la cúpula panista, en el que se acordó una estrategia contra el PRI, en un intento por revertir la desventaja del blanquiazul  frente al 2012. Si los panistas no están desesperados, es evidente que falta tacto, sentido común y oficio político en los reponsables de la política interior y la seguridad pública del gobierno, que deberían tener una conducta imparcial ante los comicios que se avecinan. 

El Estado debe ser más institucional y menos parcial y amenazante. Y en el caso concreto de la lucha contra el crímen, debería preocuparse más por la violación de los derechos humanos, por ser un problema real que amerita ser investigado y aclarado, antes de que concluya el régimen, ya que podría ser uno de los temas por los que podría ser acusado el actual Ejecutivo después de su mandato.

Lo peor que le podría ocurrir al país, en año de elecciones, es reeditar la polarización que se creó en el sexenio de Fox y que llevó a México a vivir unas elecciones controvertidas que obligaron al nuevo régimen a tomar decisiones precipitadas, para intentar legitimarse, como fue la guerra, lucha o como se le quiera llamar al combate al narcotráfico, cuyo caudal de muertos, terror y víctimas inocentes mantienen en la zozobra a millones de mexicanos.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

Si Manlio Fabio Beltrones hubiera encabezado las encuestas de su partido jamás habría declinado a contender por la candidatura a la Presidencia de la República. Igualmente,  si María Luisa Calderón hubiera ganado la gubernatura de Michoacán, nunca habría pedido que se anularan las elecciones por una supuesta intervención del narcotráfico. Son hechos incontrovertibles que,  sin embargo, quieren ser presentados con otro disfraz.

Todo mundo sabía que el sonorense no llegaría a la final contra Enrique Peña Nieto. No tenía ninguna posibilidad. La última encuesta de Mitofsky le daba cerca de un 4 por ciento de las preferencias, contra más de 40% del mexiquense. La duda era en que momento se bajaría, si se registraba y luego negociaba para bajarse, o si de plano no competía para no dañar su carrera política. Decidió esto último.

En cuanto a la “Cocoa”, la noche de las elecciones proclamó con alegría su triunfo rodeada de los aspirantes de su partido, Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel y del líder panista Gustavo Madero. En ese momento, cuando sus encuestas “patito” le daban el triunfo, nunca mencionó la injerencia del narcotráfico.  Pocas horas después  despertó a la realidad. Cuando el PREP le dio el triunfo al priísta Fausto Vallejo pidió, primero, como el adversario de su hermano 5 años años antes  –López Obrador– contar “voto por voto y casilla por casilla”. Cuando esta maniobra no le funcionó, ya que el resultado fueron más votos al PRI, entonces denunció que el crimen organizado había controlado el proceso electoral.

En Michoacán salieron a votar un millón 800 electores, poco más del 54% del padrón. La jornada fue tranquila, sin incidentes. Si ello fue organizado por los delincuentes, habría que reconocerles una gran capacidad de convocatoria y de organización.

Cuando arreciaron las críticas a la “Cocoa” y le exigieron presentar pruebas de sus dichos, “sorpresivamente” fue filtrado  un audio  en el que se escucha al supuesto jefe de plaza de  “La Familia” en un alejado municipio, Tuzantla, dar instrucciones para votar por el PRI, ya que el candidato del PRD, según la grabación, se habría “vendido” a los “Caballeros Templarios”.  El candidato del PRD al gobierno del estado, Silvano Aureoles, rechazó esa afirmación y responsabilizó al gobierno federal de la filtración.  La pregunta que surge es porque si el gobierno es capaz de grabar a los narcos y filtrar sus conversaciones, no  los detiene?

Otra cuestión es por qué solo se ventilan esas denuncias en los medios y no en los tribunales, o  por qué no se investigó  el despliegue de recursos del gobierno federal en apoyo a la “Cocoa” y a los candidatos del PAN.

En una entrevista con Carlos Loret de Mola, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré aceptó que el crímen organizado intervino en Michoacán. Sin embargo, no pudo contestar la pregunta: “¿No es un fracaso del presidente Calderón que haya una “narcoelección” en el Estado donde empezó su lucha contra el crímen organizado?”. Poiré se limitó a responder que “hay que ser muy cuidadosos en cómo nos referimos a los hechos”, y afirmó que “en algunas localidades, hay disminución de los delitos”.

Para su desgracia, ayer mismo Consulta Mitofsky dio a conocer la “Novena encuesta nacional sobre la percepción de inseguridad ciudadana en México”, realizada conjuntamente con México Unido contra la Delincuencia. El resultado es demoledor: “solo un 14 por ciento de los ciudadanos cree que el gobierno logrará ganar la guerra en contra del crimen organizado”.

La encuesta también arrojó otro resultado: 8 de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad es peor que hace un año, mientras que tres de cada 10 afirma que ellos o un familiar han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses.

Hace unas semanas, otra encuesta de la misma Mitofsky reveló que más del 60 por ciento de los mexicanos quiere un cambio, un resultado similar al que arrojó una encuesta realizada en el 2000, cuando el PRI gobernaba. Cuando ese volumen de ciudadanos quiere un cambio de rumbo, de régimen, quiere decir que el partido en el poder está perdido. Pero parece que nadie en el gobierno federal quiere ver esa realidad. Esperan que en julio del año próximo –como lo esperaba el PRI hace once años— haya un milagro. Allá ellos.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

Después de seis años de hacer campaña por todo el país, de recorrer municipio por municipio, ejido tras ejido y casi todas las zonas indígenas, no fue una sorpresa que Andrés Manuel López Obrador ganara la candidatura de los partidos de izquierda a la Presidencia de la República. Lo que si fue sorpresivo es que lo lograra en un ambiente de civilidad, sin fisuras ni deserciones y que en vez de dividir a la izquierda, como muchos esperaban, lograra un pacto de unidad.

De paso, AMLO y Ebrard lograron eclipsar el revés sufrido en las elecciones de Michoacán, en las que el candidato perredista Silvano Aureoles cayó hasta el tercer lugar, luego de dos sexenios de predominio del PRD en esa entidad.

Para un partido acostumbrado a hacer un “cochinero” en cada elección  interna, el  triunfo de López Obrador contribuirá sin duda a lavarle la cara al perredismo y consolidar una corriente política de izquierda que podrá polarizar la competencia por la Presidencia de la República, con el hasta ahora puntero de los aspirantes, el ex gobernador Enrique Peña Nieto.

En este sentido, el PAN está en absoluta desventaja. Mientras que López Obrador no ha dejado de hacer campaña desde que perdió la Presidencia en el 2006 y Peña Nieto ocupa la atención de los medios desde que asumió la gubernatura mexiquense, los aspirantes panistas Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel parecen entretenidos en una contienda sin emoción ni sustancia, que no despierta ningún interés en la población. Recorren el país en pos de una candidatura que, cuando esté lista hasta febrero del próximo año, ya no tendrá ningun valor, salvo para el voto duro panista.

Sin embargo, el PRD parece que aprendió rápido. Tras el descalabro de Michoacán, muchos presagiaban una caída libre de la izquierda con vistas al 2012, pero se impuso el pragmatismo de AMLO y Ebrard, que seguramente adquirieron a su paso por el PRI, en el que ambos militaron y ocuparon cargos directivos.

Ello quedó muy claro en el discurso que pronunció AMLO cuando dijo: “voy a apoyar la decisión política del jefe de Gobierno para gobernar la ciudad de México”, lo que quiere decir que hubo un pacto y Ebrard tendrá mano para designar a su sucesor, a cambio de aceptar el triunfo del tabasqueño como candidato a la Presidencia. De esta forma, Marcelo podrá escoger a su delfín, Mario Delgado, o a su opción B, que todo parece indicar es el Procurador Miguel Angel Mancera.

La noticia del triunfo del “Peje” llegó hasta Estados Unidos y tuvo una amplia cobertura, inclusive en cadenas de televisión como Fox News, que es muy conservadora. Los medios norteamericanos recordaron que AMLO visitó ese país el mes pasado, por primera vez en 20 años, y les dejó un mensaje mucho más moderado, con una visión más constructiva para la relación bilateral.  Nadie olvida que casi ganó la elección del 2006 y por ello creen que puede presentar una opción fuerte frente al PRI, al representar a toda la izquierda del país.

Hay quienes desde hace tiempo daban por “muerto” al “Peje”. Olvidaron los sabios consejos de los viejos políticos que siempre decían: “Un verdadero político está muerto hasta que está tres metros bajo tierra”.  No fue resurrección. AMLO siempre estuvo ahí. Solo hay que ver los spots del PT y Convergencia y darle una revisada a la prensa de provincia para saber que nunca se fue. 

*Analista

Raúl Torres Barrón*

México es uno de los países donde más ha crecido el desencanto con la democracia y donde se ve el autoritarismo como una opción menos mala que en el resto del Continente, según el más reciente informe del Latinobarómetro 2011, dado a conocer hace unos días. 

Lo anterior es, sin duda, resultado del fracaso de la “alternancia”, en la que los gobiernos del PAN no cumplieron lo que prometieron sino que, por el contrario, agudizaron problemas como la inseguridad, desempleo, pobreza, falta de oportunidades, corrupción e impunidad.

Comparado con otras naciones de América Latina, la calificación de nuestro gobierno está muy por debajo de países como Colombia, Brasil, Uruguay, Ecuador e inclusive El Salvador y Panamá. El consuelo, si existe, es que salimos mejor librados que los regímenes de Hugo Chávez, Raúl Castro y Daniel Ortega. 

Las más recientes mediciones muestra que México anda mal. En el Latinobarómetro, realizado anualmente por una ONG con sede en Chile –a cuyo presidente Sebastían Piñera, mandó al sótano con el menor apoyo ciudadano de la región (27%) por el prolongado conflicto estudiantil–, se observa que en el 2010, un 49 por ciento apoyaba la democracia en México, contra el 40 por ciento registrado este año. 

Además de la insatisfacción democrática de los mexicanos, otra medición, el “Índice de Desarrollo Humano”  de las Naciones Unidas,  nos muestra una caída de más de 15 lugares por la enorme desigualdad social que se ha agudizado en nuestro país.

Los mexicanos esperaban que con la alternancia hubiera cambios sustantivos que mejoraran su nivel de vida e impulsaran mejores oportunidades para todos, pero los resultados de las mediciones muestran a una nación con una enorme desigualdad social, atrapada en una guerra que ya acumula 50 mil muertos, sin crecimiento económico sostenido, con  salarios a la baja, y sin perspectivas de salir del atolladero.

Ello explica por qué la intención del voto para el 2012 sea de un 31 % para el PRI, mientras que el panismo solo llega al 18 por ciento. 

El Latinobarómetro encontró varios datos interesantes en relación con nuestra democracia: sólo 17% de los mexicanos piensa que se gobierna para todo el pueblo, cuando el promedio latinoamericano es de 26%; un 40% piensa que es mejor un sistema democrático, cuando el promedio de la región es de 58%, y lo más turbador es, por ejemplo,  que a un  36% le dé lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático, cuando la opinión promedio es de solo 18%.

Los resultados de los dos regímenes panistas en materia de corrupción e impunidad no son muy diferentes de los que tanto criticaron del PRI. La Cámara de Diputados no aprobó 4 de las 6 cuentas públicas del foxiato por la enorme cantidad de observaciones sin aclarar sobre desviaciones, faltantes y mal uso de los recursos públicos. En el actual régimen, si bien el Primer Mandatario y su familia no se han visto envueltos en escándalos –como el de los hijos de Martha Sahagún en el sexenio pasado–, algunos de sus funcionarios si han sido criticados por malos manejos, como los responsables de las fiestas del Bicentenario y de la llamada “Estela de Luz”, entre otros.

Todo ello explica la posibilidad del retorno del PRI. Apenas ayer, el diario “El Universal” publicó una encuesta en la que Enrique Peña Nieto es ubicado por el 67% de población abierta y el 87% de los priístas, como el mejor candidato a la Presidencia de la República.

Ello muestra que la alternancia de la derecha no resuelve los graves problemas del país. La izquierda, a su vez, no puede siquiera resolver sus conflictos internos. Muchos ciudadanos, según las encuestas, piensan que el regreso del PRI podría ser una salida a los graves problemas de inseguridad y de estancamiento económico que afectan al país. El PRI no fue una dictadura militar ni produjo 50 mil muertos en un solo sexenio y está por concluir su travesía por el desierto al que la condujeron sus propios errores. El año próximo veremos si los mexicanos le darán una nueva oportunidad.

*Analista

Raúl Torres Barrón *

A unos días de que la XXI Cumbre Iberoamericana tocó fondo, hoy se inicia en Cannes otra cumbre, la del G-20, en la que el presidente Calderón recibirá de su colega francés Nicolás Sarkozy, la estafeta de la presidencia de ese grupo ya que México será el anfitrión de la próxima reunión que se realizará el 18 y 19 de junio de 2012 en Los Cabos.

La semana pasada, la Cumbre Iberoamericana batió record de ausencias. Sólo 11, de los 22 jefes de Estado miembros asistieron a la capital de Paraguay. No acudieron ni los países vecinos Brasil, Argentina y Uruguay. Tampoco otros jefes de Estado, como Cuba y Venezuela, que siempre provocaban interés o polémica. Quedó patente el desinterés de algunas de las naciones más influyentes del Continente por este tipo de reuniones.

Ahora viene otra reunión de jefes de Estado, tal vez con el mismo resultado que las anteriores, es decir, ninguno. Al asumir la presidencia del G-20, Sarkozy se comprometió a “apoyar la transformación del sistema monetario internacional, reformar la regulación financiera, luchar contra la volatilidad de los precios en los mercados de materias primas e impulsar el desarrollo de los países miembros”.  Nada de eso se logró. Por el contrario, la economía mundial se deterioró más en los últimos años.

A México le corresponde ahora asumir la responsabilidad de conducir ese grupo. Ayer se dijo que ante el “descontrol” de la crisis de la deuda en Europa, el presidente Calderón  promoverá medidas que permitan restablecer la confianza en los mercados y estimular un mayor crecimiento de la economía mundial, con el propósito de reducir la volatilidad económica y financiera.

Todos son buenos propósitos, como buscar que el G-20 incorpore a sus decisiones las necesidades de los países en desarrollo. Sin embargo, aun cuando las principales potencias estuvieran de acuerdo, difícilmente podrán hacer algo ya que tienen que resolver primero otras cuestiones vitales para sus naciones, como la crisis de Grecia, que amenazan la estabilidad del euro y de las misma Unión Europea.

Una de las razones de la devaluación de estos encuentros, fue expuesta por el  presidente chileno Sebastián Piñera, quien dijo que: “Asistimos a una sucesión de cumbres, tantas, que parecen una cordillera”. Y citó varias: la del Mercosur, la Iberoamericana, la de la OEA y la del Unasur. “Tenemos muchas instituciones, pero falta una verdadera voluntad de integración, porque tenemos mucha burocracia…”, precisó.

La verdad es que no hay mucho optimismo por los resultados que se logren en esta nueva cumbre.  Desde hace tiempo, muchos mexicanos han cuestionado el elevado costo para el erario público que significan estas reuniones y los elevados gastos por los constantes viajes internacionales del Jefe del Ejecutivo, que en muchos casos son simples encuentros protocolarios u oportunidad para distraer la atención de la opinión pública sobre problemas internos de mayor importancia.  

Bien harían los mandatarios de aplicar en sus viajes “de Estado” la austeridad y estrechez en los bolsillos a que tienen sometidas a sus poblaciones por la escasez de recursos.

*Analista